La cumbre de la OTAN de finales de junio dejó contento a Donald Trump. El presidente estadounidense calificó de “tremendo” que los 32 miembros de la alianza militar hubieran acordado aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB (producto interno bruto) para 2035, con una excepción: España.
El Gobierno español encontró una forma de eludir el compromiso alegando que podía cumplir sus obligaciones de defensa gastando mucho menos, a lo que Trump dijo que les harían “pagar el doble”. Pero el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, argumentó que el objetivo del 5% -que se desglosa en un 3,5% en defensa y un 1,5% en infraestructuras relacionadas con defensa- no era razonable y que desviar el gasto público de esa forma podría perjudicar a la economía.
Al final, España se aseguró un acuerdo con la OTAN que le concedía una cláusula de no participación efectiva. Esto ha suscitado dudas sobre la capacidad de muchos países miembros para hacer frente a los compromisos de gasto asumidos.
Presupuestos ajustados
“La decisión de delimitar y priorizar la defensa en medio de recortes del gasto público es un reto político y necesitará un fuerte mensaje público para ser aceptada por el electorado y, de hecho, por todos los gobiernos de turno”, dijo a DW Fenella McGerty, investigadora principal de economía de la defensa en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).
Ilke Toygür, directora del Centro de Política Global de la Universidad IE de Madrid, cree que la postura de España tiene que ver en parte con mantener una “conversación abierta” sobre el hecho de que priorizar el gasto en defensa afectaría a otras áreas clave de los presupuestos nacionales.
“Si no se entiende la importancia de la lucha contra el cambio climático o de otras cuestiones sociales, entonces esto [el aumento del gasto en defensa] creará el efecto contrario que los líderes europeos están intentando conseguir”, dijo a DW.
Un “salto cuántico” que hay que preparar
El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, calificó el aumento del 5% de “salto cuántico” y afirmó que “sienta las bases de una OTAN más fuerte, más justa y más letal”.
McGerty cree que la promesa para 2035 es un “compromiso significativo”, sobre todo si los miembros europeos consiguen “aumentar el gasto básico en defensa hasta el 3,5% del PIB”, frente a la media actual del 2%, y reconoce que el compromiso de reforzar el gasto llega “en un momento de considerables presiones fiscales” para los Estados miembros. Sin embargo, cree que el elemento de infraestructura del 1,5% tiene una “definición amplia” para dar flexibilidad a las naciones. “Es probable que muchos países ya estén gastando esta cantidad en estas áreas de financiación”, dijo.
El problema de la deuda
Según las cifras más recientes de gasto en defensa de la OTAN para 2024, todos los miembros de la alianza, excepto ocho, alcanzaban el objetivo del 2% vigente. Los más rezagados en términos de gasto militar -España, Bélgica, Canadá, Italia y Portugal- tienen el problema de tener una elevada deuda pública cercana o incluso superior al 100% de su producto interior bruto. Grecia, por su parte, es un caso atípico, ya que tiene el nivel de deuda más alto de todos, pero ya gasta más del 3% en su defensa.
Ilke Toygür se muestra escéptica sobre si algunos países del norte de Europa comprenden la magnitud del reto que supone para las economías del sur europeo aumentar el gasto en defensa al tiempo que gestionan los elevados niveles de deuda existentes. En su opinión, es necesaria “una evaluación más justa de la cuestión de la deuda y del impacto global sobre la economía europea en general”.
En opinión de McGerty, los aumentos del gasto militar tendrían que financiarse por otros medios, por ejemplo, “mediante un aumento de los impuestos, recortes en otras áreas del gasto público o a través de otras opciones creativas de financiación, como fondos especiales administrados por los bancos centrales o los tesoros públicos, instrumentos multilaterales de préstamo o la movilización de la inversión privada”.
El alto coste de la seguridad
Mark Rutte, declaró ya en diciembre de 2024 que el aumento del gasto europeo en defensa repercutiría necesariamente en el gasto en pensiones, educación y salud. Sin embargo, el aumento del gasto militar conlleva sus propios riesgos financieros. A medida que Europa se apresura a construir su propio sector armamentístico, el aumento de la inflación en la industria de defensa, los retrasos en la cadena de suministro y los problemas laborales hacen que se necesite cada vez más dinero para alcanzar los mismos fines.
Así, Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), advirtió en marzo que un mayor gasto en defensa podría contribuir por sí mismo a la inflación. Otro recordatorio de que, para muchos países, la prisa por hacer una Europa más segura tendrá un alto precio.
